El año 2020 nos está dejando unas últimas semanas convulsas en el panorama internacional. Situaciones como el incremento de la violencia yihadista en el África Occidental con múltiples milicias operando activamente en la región del Sahel junto con las tensiones militares que venimos observando entre dos miembros de la OTAN en el Mediterráneo Oriental, Turquía y Grecia, suponen una importante preocupación en términos de seguridad global que sin embargo, no ha contado con demasiada atención mediática en este contexto de pandemia.
También las recientes movilizaciones sociales tras las elecciones presidenciales en Bielorrusia tendrían implicaciones para la Unión Europea frente a los intereses estratégicos de Rusia sobre este territorio, con el conflicto en Ucrania todavía vivo en la frontera entre Ucrania y Donest, mientras que la urgente necesidad de reconstrucción del Líbano después de la explosión en el puerto de Beirut llevaría a pensar igualmente en la brutal crisis humanitaria que sufre Yemen, el gran olvidado de la Comunidad Internacional.
Sin dejar de mencionar tampoco la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China que comenzando en 2018 con la imposición de aranceles por parte del primero continuaría recientemente con la ampliación de las sanciones a la compañía de telefonía Huawei en una espiral de desencuentros y acusaciones que se acerca peligrosamente a una suerte de nueva guerra fría.
El debate en torno a los efectos de la globalización en la seguridad humana no es algo nuevo, como tampoco lo son algunas críticas hacia el multilateralismo ante la escasez de liderazgo global efectivo acompañadas del auge de visiones soberanistas. La agudización de problemas internos, la desinformación en fuentes abiertas (incluidas las teorías conspiratorias y corrientes negacionistas de la pandemia que parecen no agotarse en su propia estupidez), ciberataques entre Estados incluso con objetivos de obtener información sobre avances científicos en la carrera hacia la vacuna, así como el riesgo de erosión de la confianza pública, son algunos elementos desestabilizadores que podrían dificultar respuestas multilaterales a escala global para mitigar los efectos de la pandemia.
La ampliación del espectro de amenazas y de los tipos de conflictos pasando de un plano puramente militar al reconocimiento de realidades transnacionales ha influido lógicamente en la crisis del actual paradigma de seguridad, promoviendo reflexiones que encajan a la perfección en este nuevo marco de incertidumbre, volatilidad e interdependencia. La crisis sanitaria generada por el covid-19 ha motivado además, la adaptación de las agendas de seguridad de los países empleando recursos militares para la lucha contra la propagación del virus y otras necesidades derivadas del confinamiento, desinfección de espacios públicos, distribución de alimentos y material médico, implementación de servicios comunitarios y apoyo a la investigación, entre otros.
Yihadismo en África
Pese al llamamiento de la ONU el pasado 30 de marzo para un cese al fuego global, lo cierto es que aquellos lugares afectados previamente por crisis humanitarias y conflictos armados continúan sufriendo esas consecuencias junto con las derivadas de la pandemia. Ayer, 17 de agosto, se cumplieron tres años del ataque terrorista de Barcelona y Cambrils cometido por Daesh. También cabe señalar el repunte del terrorismo salafista en África durante este año, alcanzando las mayores cuotas en la última década con el inquietante resultado de un control sobre el territorio superior al ejercicio por Daesh con anterioridad en Siria e Irak. El número de atentados y de fallecidos también supera a las cifras registradas en 2019 en la región.
Estructuras terroristas como Al Qaeda y Daesh habrían sabido adaptarse a nuevos escenarios estratégicos exportando su ideario con franquicias de carácter local tras su pérdida de influencia en Oriente Medio. Mientras que la actividad yihadista en el Magreb se ha visto reducida, las áreas del Sahel y del Cuerno de África se encuentran mucho más afectadas al contar con un caldo de cultivo adecuado para el extremismo, -problemas estructurales como la fragilidad estatal, la porosidad de fronteras y factores geográficos adversos-, dando lugar a un conglomerado de milicias regionales que han establecido nexos con el crimen organizado a efectos de financiación mimetizándose con sus prácticas.
Si observamos el Sahel como base de entrenamiento y operaciones, preocuparían países como Níger, Burkina Faso y Camerún que también han sufrido recientemente actos terroristas. Mali continúa siendo, no obstante, el epicentro del yihadismo en África, donde hasta hace poco facciones que colaboraban entre sí conformando uniones de intereses, se enfrentan hoy por el control del territorio, avanzando también hacia Costa de Marfil, Togo y Benín. En el día de ayer se produjo un atentado en la capital de Somalia reivindicado por Al Shabaab.
Todo ello supone un desafío sin precedentes para el G-5 Sahel, marco institucional de cooperación regional que cuenta con el apoyo de la UE, teniendo en cuenta que Áreas como el Magreb y el Sahel están consideradas como prioritarias para la Seguridad de España en virtud de la última ESN-2017. Ante la falta de oportunidades, pobreza y problemas de de seguridad en el continente, al contrario que en el Flanco Sur Europeo con la inmigración irregular hacia la costa griega, las rutas migratorias se han reactivado significativamente hacia Canarias desde marzo, produciéndose por otra parte desplazamientos en pateras a través del canal de la mancha desde Francia hacia Reino Unido a las puertas del Brexit, evidenciando en este caso un problema de control de fronteras y de ordenación de flujos migratorios.
Turquía y Grecia en el Mediterráneo Oriental
Por su parte, el Mediterráneo Oriental está siendo escenario de choques entre Turquía, -cuyas relaciones están en un momento de desgaste con Europa-, y Grecia, -que cuenta con el apoyo en bloque de los países de la Unión-, entre ellos Francia que siendo el país más fuerte en términos militares de la Unión ahora refuerza sus capacidades en el Mediterráneo, pero también de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Las tensiones, producidas en torno al control de esta región por el petróleo y el gas natural evidencian una tendencia de competición entre medianas potencias por el acceso a recursos naturales, con la finalidad de ejercer influencia en los procesos de toma de decisiones.
El hecho de que fuerzas navales turcas y griegas se encuentren en la misma área muy próxima entre ellas tras una escalada de provocaciones por parte de Turquía, ha caldeado el ambiente despertando inquietud por un posible enfrentamiento militar que aunque no interesaría a ninguna de las partes, revestiría una especial gravedad al tratarse ambos de países miembros de la OTAN.
La intencionalidad de Turquía de realizar estudios sísmicos y prospecciones de gas cerca de una isla griega habría avivado una polémica histórica de más de cien años sobre los límites marítimos entre ambas naciones y el papel que jugarían las plataformas continentales en dicha delimitación, puesto que la isla en cuestión se encuentra tan solo a 3 kilómetros de Turquía pero a más de 550 de la capital helena. Al objetivo de delimitar zonas económicas exclusivas materializados en un acuerdo entre Grecia y Egipto le habrían sucedido maniobras militares turcas en las inmediaciones de las islas griegas y prospecciones realizadas en zonas que Atenas considera de su jurisdicción entre la costa turca y Chipre, un espacio disputado, alimentando así la desconfianza entre ambas partes.
Crisis humanitarias en Yemen y Líbano
En el escenario descrito, los problemas humanitarios continúan empeorando en plena crisis del covid-19 evidenciando vulnerabilidades que estaban ahí mucho antes de la pandemia. Un ejemplo de ello es la situación que actualmente se está viviendo el Líbano tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut del pasado 4 de agosto que ha llevado a la dimisión en bloque del gobierno libanés y numerosas protestas de la sociedad civil en las calles.
A la crisis económica y financiera que ya venía desde antes y un clima de corrupción que muchos califican como endémicos, se unen ahora importantes daños humanos, pérdidas materiales millonarias, desabastecimiento de hospitales e infraestructuras básicas destruidas en medio de un llamamiento internacional a la solidaridad. Días antes de la explosión, además, se produjeron algunos incidentes de seguridad en la frontera israelí-libanesa, en un país caracterizado por una historia de conflictos.
En este sentido, la inestabilidad en Oriente Medio influiría sobre las tropas internacionales desplegadas sobre el terreno, entre ellas las españolas cuyos contingentes más numerosos se localizan precisamente en Líbano e Irak, algo que implicaría que se encontrasen en mayores niveles de alerta y tensión, ya que uno de los cometidos de esta misión sería la asistencias a las fuerzas armadas libanesas en el sur del país y la vigilancia de las hostilidades entre Hezbollah e Israel en la Línea Azul.
Por otra parte, Yemen vive una de las crisis humanitarias más graves del mundo desde el inicio en el año 2015 de la guerra civil y el quiebre del sistema político a raíz de las primaveras árabes. Con escasa cobertura informática, la guerra civil yemení vendría arrastrando problemas estructurales y tensiones acumuladas con los hutíes en el norte del país, estando involucrados partidarios del actual presidente Hada y del ex-presidente Saleh, organizaciones yihadistas y otros actores tribales e internacionales cuyo papel en la financiación del conflicto es controvertido, manteniendo la contienda sin previsión de un final a corto plazo como un elemento desestabilizador más en Oriente.
Actualmente y aunque la población yemení afronta crisis en múltiples frentes, la seguridad alimentaria es lo que más preocuparía tras las restricciones producidas para contener pandemia, serias inundaciones y plagas de langostas del desierto que amenazan las cosechas, por lo que se requiere del compromiso de la Comunidad Internacional mediante aportaciones financieras.
Inestabilidad política en Bielorrusia y reacción europea
Las elecciones presidenciales en Bielorrusia que tuvieron lugar el pasado 9 de agosto han ocupado titulares internacionales en un clima de importante movilización electoral impulsada desde oposición, generando violentas protestas en todo el país con dinámicas de represión desproporcionadas que ya han sido condenadas por la UE, detenciones injustificadas y acusaciones de fraude electoral contra Lukashenko, considerado el último dictador de Europa. Este, encontrándose ahora contra las cuerdas, se aferra al poder tras una abultada victoria con el 80% de los apoyos, en un proceso en el que no habrían participado observadores nacionales ni la OSCE sino en cambio organizaciones independientes que también pusieron en duda las estadísticas ofrecidas por la Comisión Electoral Central de Bielorrusia.
Con la líder de la oposición fuera del país por supuestas amenazas, Europa podría revaluar sus relaciones con Bielorrusia al cuestionar los resultados electorales, teniendo en cuenta que en el pasado se han producido embargos de armamento y sanciones que podrían volver a repetirse ante la falta de progreso en áreas como el el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Ello, además, en un contexto en el que Bielorrusia recibe apoyo financiero directo e indirecto de Rusia que podría haber estado esperando a que Europa moviese ficha, mientras que habría venido ejerciendo una influencia política y económica similar a la ejercida en Ucrania antes de la crisis del 2013, compartiendo en este caso acuerdos en seguridad y defensa.
Es importante señalar que Lituania, miembro de la UE con el que el país comparte frontera, tiene tropas de la OTAN sobre el terreno como medida disuasoria para defenderse de la presión rusa que invade permanentemente su espacio aéreo, una situación que habría aprovechado Lukashenko para lanzar la idea, -apelando al factor miedo y dando por hecho el apoyo de Rusia, justificando por tanto su solicitud de ayuda-, de que la OTAN podría invadir su país, algo que habría sido negado desde Lituania con contundencia.
Conclusiones
Las decisiones unilaterales en política exterior afectan a la frágil estabilidad en una escena internacional en la que los Estados suelen moverse sobre la base de la diplomacia y de sus propias estrategias de acción exterior, entre presión y disuasión en un delicado equilibrio. La Unión Europea se ha visto obligada a convocar Consejos extraordinarios para abordar estas cuestiones que pueden alterar el orden internacional siendo conscientes de los riesgos que los incidentes relacionados con la seguridad pueden generar en el nivel político, económico y social.
En este sentido, la competencia entre potencias medianas se muestra cada vez más intensa mientras que herramientas tradicionales como las conferencias y encuentros de representantes públicos y de las monarquías se muestran ineficaces por sí solos para dar respuesta a muchos conflictos en la actualidad, en un mundo en el que enfrentamos una pandemia con todas sus consecuencias y en el que el individualismo y la desinformación están a la orden del día.
Los actores del Mediterráneo y la Unión Europea tienen ahora su mirada puesta en el futuro para garantizar su propia seguridad energética tratando de reducir márgenes de incertidumbre, en un horizonte en el que a las vulnerabilidades asociadas a crisis económicas cíclicas se sumaría la crisis climática. Observamos cómo comienza a formarse en el Mar Egeo un eje común que dejaría sola a Turquía o la acercaría a Rusia en su entorno inmediato, adoptando un rol de rival geoestratégico frente a Europa más que uno de aliado que reaviva un pasado conflictivo de reivindicaciones territoriales irresueltas entre Turquía y Grecia como sucedió con la invasión de Chipre.
En todo caso, las salidas negociadas y el respeto de las leyes internacionales y a los derechos soberanos de los Estados requieren de liderazgo políticos eficaces necesariamente moderados en cuanto a Política Exterior y coherentes con las necesidades de nuestro tiempo en términos de bien común, superando declaraciones de intenciones no vinculantes y comprendiendo que los limites entre términos como seguridad nacional y global se han vuelto cada vez mas difusos. Es imprescindible, en consecuencia, promover la colaboración multilateral en decisiones que nos afectan a todos.
Las pugnas por la hegemonía global de potencias como Estados Unidos y China producirían resultados inciertos en una realidad interconectada en términos financieros y productivos para ambos países que inmersos en una guerra comercial y tecnológica, además son potencias económicas. Así mismo, el deterioro en sus relaciones bilaterales nos estaría devolviendo en cierta forma a retóricas del pasado siglo que podrían mantenerse alrededor de niveles de tensión similares también a medio plazo, independientemente del futuro próximo de la administración estadounidense.
Respecto a Bielorrusia, podríamos decir que a Rusia no le importaría realmente la continuidad Lukashenko sino que la alternativa a su gobierno en todo caso no sea europeísta y proocidental para continuar ejerciendo control en su frontera y poder obtener algún rédito político, mostrándose como un líder fuerte frente a la OTAN, teniendo en cuenta el interés tradicional que ha mostrado por la anexión de los países Bálticos, -a través de incursiones en sus espacios aéreos- territorios en los que la Alianza Altántica desde el 2004 ha reforzado su apoyo.
Finalmente, todo parece indicar que el Magreb y Sahel continuarán siendo áreas prioritarias para nuestro país por su cercanía, por lo que se hace patente la necesidad de reforzar la cooperación en los marcos regionales y de continuar proporcionando apoyo mediante formación a sus fuerzas de seguridad en la lucha contra el yihadismo y el crimen organizado. Será imprescindible igualmente soluciones no militares a partir del diseño e implementación de programas de gobernanza global a largo plazo orientados a dotar a estos países de instituciones fuertes que puedan gestionar los problemas estructurales a los que se enfrenta el continente, entre ellos los flujos migratorios que previsiblemente se producirán con el aumento de la natalidad en la región en el horizonte 2040.
Como seres humanos tenemos la obligación moral de poner el foco de atención internacional en las violaciones de derechos humanos que están produciéndose en las crisis humanitarias como consecuencia de conflictos armados mantenidos en el tiempo y de la crisis sanitaria de este año, como hemos visto en el caso de Yemen, contribuyendo también a la reconstrucción del Líbano y en general a la estabilidad de Oriente Medio mediante acciones que sin ser papel mojado, estén realmente orientadas al mantenimiento de la paz y la seguridad.