La reivindicación de los PRC en origen desde Canarias por el impacto que representa la crisis del covid-19 para la industria turística de las islas fue un elemento fundamental en las últimas fases del estado de alarma en España, cuando se avistaba cada vez más de cerca el horizonte de la apertura de fronteras y de la reactivación del sector. En un primer momento, se consideró que esta era la única formula viable porque nuestra económica en las Islas está profundamente terciarizada, ya que el turismo representa en torno a un 35% del nuestro PIB y un 40% del empleo. Actualmente alrededor de 100.000 canarios (tras una caída en verano de un 27%) y que provienen fundamentalmente del sector turístico y del comercio, se encuentra todavía en ERTE ante un escenario de incertidumbre que no termina de definirse en un compromiso formal, a pesar de declaraciones en términos de voluntad política.
Lo cierto es que no sabemos realmente si los ERTE podrán renovarse por 6 meses más o por un periodo de tiempo superior. Tampoco si van a reducirse en un 70% o 50% las retribuciones del trabajador, algo que implicaría empobrecimiento. Además, existe el riesgo de que las suspensiones temporales acaben siendo objeto de expedientes de regulación de empleo, es decir, de despido, algo que añadido al paro estructural de la comunidad que se sitúa entorno a 200.000 personas aproximadamente, derivaría en una situación social que bien podríamos definir como devastadora.
Recordemos que los últimos momentos del estado de alarma en España coincidieron con la reapertura de fronteras, un momento en el que era previsible que Europa, como sucedió finalmente, adoptara una postura común respecto a la movilidad y seguridad aérea. Lo que ocurrió entonces fue que prevaleció un criterio de equilibrio entre el arranque de la actividad económica (la necesidad de reactivar la economía) y la necesidad preservar la salud pública. Esta fue una decisión aparentemente equilibrada pero que en la práctica se ha mostrado ineficiente al no haber frenado suficientemente la transmisión del virus entre países, por lo que ahora la Consejería de Turismo con la vista puesta en salvar la temporada alta apuesta de nuevo, aunque llegando un poco tarde, por su anterior discurso.
Ahora que el archipiélago experimenta los efectos de la segunda ola con especial virulencia en comparación con los meses del estado de alarma y los inicios de verano, -cuando existía un clima de confianza mayor en la escena internacional que consideraba a Canarias como destino seguro-, la Consejería ha señalado que está elaborando un plan para proporcionar seguridad a los mercados emisores ante la pasividad del Gobierno central para dar respuesta a la demandas de PCR en origen para aquellos que viajen a las islas.
Pero, ¿qué ha impedido la adaptación de esta medida hasta ahora? El equilibrio entre la economía y la salud pública fue de hecho el argumento defendido por Europa y por el Gobierno de España frente a los que apostaban por fórmulas como los PCR en origen. Para Canarias, aquella decisión ha sido claramente errónea, ya que de producirse nuevos rebrotes y contagios asociados al sector turístico se producirá, como comenzamos a observar ya, un daño reputacional y económico en destino y se seguirá afectando en términos de salud pública a la población local y por tanto a los trabajadores que desarrollan su actividad diariamente en esos contextos de proximidad.
Respecto a los PCR en origen, es cierto que el Gobierno central y el ejecutivo autonómico han argumentado en repetidas ocasiones esta es una decisión que debería tomar la Unión Europea, no pudiendo aplicarse esta excusa, sin embargo, al retraso de la puesta en marcha de los PCR en destino, sobre los que sí tiene competencia, y que permitiría establecer corredores seguros y detectar en apenas unos días casos importados, realizando un correcto seguimiento también en colaboración con las autoridades sanitarias extranjeras. Resulta extraño, en todo caso, que el ejecutivo canario, al pertenecer al mismo partido político y tener una buena relación, no haya llegado después de meses de conversaciones y encuentros con Madrid sobre esta cuestión, y haya esperado tanto tiempo para implementar una medida que podía haber prosperado tan solo con su propia iniciativa.
Cabe mencionar que Canarias recibe entorno a 15 millones de turistas anuales y que nuestra temporada alta es invernal, pero el nivel de ocupación en este último verano 2020 ha sido de alrededor un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que las expectativas en términos de reserva para el invierno parecen ser extraordinariamente complejas, teniendo en cuenta demás que Alemania ha colocado hace solo a unos días a Canarias con las mismas restricciones que el resto del territorio nacional. Eso último es especialmente preocupante para el turismo en las islas ya que, por orden de relevancia en cuanto a volumen de visitantes, recibimos de forma permanente alemanes, ingleses y escandinavos que tienen un peso diferente en función de la isla.
El ejecutivo autonómico debe realizar esfuerzos adicionales para garantizar la seguridad en lo máximo posible de ahora en adelante, ya que la pérdida de conectividad implicaría además la pérdida de competitividad frente a otros destinos. En este sentido, no debemos olvidar que los tour operadores y las compañías aéreas ocupan una posición dominante en el sector con la posibilidad desviar a destinos no seguros en términos sanitarios (cómo por ejemplo Túnez, Croacia, Turquía o Egipto), una baza bien jugada que sirvió para presionar a Europa ante la reapertura de fronteras y la regulación del tráfico aéreo y que como hemos podido ver, fue finalmente ventajosa para estos y no tanto para los países del continente que continuan luchando contra la pandemia.
Antes de esta crisis sanitaria podíamos considerar que el modelo de negocio del touroperador estaba condenado a ser un modelo de negocio caduco, sobre todo desde que con el uso generalizado de internet tenemos la posibilidad de contratar viajes a través de distintas plataformas que funcionan de facto como nuevos touroperadores. No obstante, tras la irrupción del covid-19 en nuestra realidad, -teniendo en cuenta que los tour operadores tienen acciones en compañías aéreas-, estos han terminado configurando un lobby potente en Europa ejerciendo presión para mantener el mismo nivel de seguridad que mantenían de antes aludiendo a importantes pérdidas económicas durante el patrón de la economía.
En consecuencia, en este ámbito no se ha producido una gran inversión en seguridad ni en el desarrollo de medidas higiénico-sanitarias, ni separación de asientos en vuelo, ni control efectivo para la detección de pasajeros contagiados, por lo que es evidente que Europa se replegó en junio ante estas presiones por la necesidad reactivar la economía con urgencia de cara a los meses de verano en ausencia de visión estratégica, preventiva y anticipatoria, orientada sobre todo a criterios económicos.
Pero sin duda, lo grave de todo esto, de los rebrotes y segunda ola en la que estamos inmersos, es el riesgo de crisis de confianza externa al destino. Es lógico que exista un alto porcentaje de información sobre la evolución de la pandemia en aras de la transparencia, pero también hay que comprender el daño que esto puede ocasionar en términos de confianza, teniendo en cuenta que también se crea una crisis de confianza interna entre los actores del sector turístico en España que puede afectar la vida de muchos trabajadores sobre todo en las Comunidades que como Canarias son más dependientes del sector.
La noticia que nos llega hoy de la Consejería de Turismo, la intención de realizar PCR en destino, es sin duda positiva, al hacerlo en un momento en el que parece que estamos perdiendo el tren y que las perspectivas de una recuperación en las que nadie se quede atrás no son ya del todo realistas. Si anteriormente la estrategia de las autoridades canarias hubiera sido la reacción desde la unidad empresarial, algo que no se produjo, y una actuación consistente por parte de todas las formaciones políticas representadas en el Congreso y Senado en defensa de los intereses de Canarias, quizás estaríamos más cerca de la renovación formal de los ERTE para resolver el problema del impacto social y económico derivado de la realidad de la pandemia y también del impulso en Europa para los PCR en origen para su operatividad mucho antes del mes de septiembre.
Todo lo que podría haberse hecho, que podía haber funcionado o no- no aseguraba al 100% que no entraran contagiados en el archipiélago, como señalaban entonces algunos detractores de la propuesta de los test rápido y también de los PCR en origen, -apuntando también las posibles limitaciones de orden jurídico de la medidas, al estar sujetas a voluntariedad-, ya que no existe la seguridad total pero sí un porcentaje mayor de seguridad. Sí se podía minorar el riesgo más de lo que se ha hecho hasta ahora.
Entonces, ¿cuál es el papel que podría haber adoptado Canarias frente a este escenario? A veces no hay que pedir permiso sino pedir perdón. A veces hay que tomar decisiones como la que pretende tomar ahora, porque lo cierto es que la ultraperificidad nunca ha sido debidamente comprendida, que existe la creencia errónea de que Canarias vive en una situación privilegiado cuando en 40 años se ha colocado en niveles de vida aceptables pero con salarios debajo de la media laboral y una fragilidad y precariedad en su economía que hoy arrastramos en la gestión de las consecuencias de la pandemia.
Podemos considerar, por tanto, que faltó convicción y determinación desde Canarias en la negociación con Presidencia del Gobierno desde los últimos momentos del estado de alarma hasta ahora, en un contexto en el que los empresarios desde el consenso tendrían que haber haber adoptado el rol de reeequibradores de esa falta de determinación.
Pensemos, por ejemplo, en el piloto que iba realizarse en Canarias con Alemania a través de un corredor seguro con PCR en origen que finalmente, con una metodología distinta, se decidió trasladar a Baleares. Si el control insuficiente de temperatura, el uso de gel desinfectante, la obligación de cumplimentar un formulario y un cuestionado examen visual evidenciaron en todo caso cierta prisa por reactivar la economía, Canarias se precipitó entonces a adherirse a la postura del Gobierno central con miedo, desde los grupos empresariales de las islas, a que otros destinos como Malta, Creta e incluso otros en península nos tomasen la delantera, sin tener en cuenta que el análisis de la situación y de las necesidades de cada territorio no era comparable ya que nuestras temporadas turísticas son diferentes.
Ahora paradójicamente algunos recuperan el discurso iniciado con sentido común hace meses por el Presidente del gobierno regional de Madeira, que apuntó a que realizar PCR en origen e invertir en esta medida era preferible a destinar recursos a ERTES y prestaciones por desempleo en su tierra, algo que ocurriría como consecuencia de un recrudecimiento de la situación precisamente por falta de control efectivo en la movilidad.
Disponer de fondos suficientes es algo vital a estos efectos y es algo que en relación con los fondos públicos preocupa al ejecutivo regional. Sin embargo, la cuestión de financiación de las PCR podría abordarse en diferentes fórmulas integrando tanto a la administración como al sector privado, incluyendo hoteleros y otros empresarios con interés en el sector, un tipo de colaboración por la que las autoridades parecen decantarse sin que ello implique renunciar a continuar con el diálogo en torno a estas demandas con Madrid.
Pero aunque se adopten medidas correctores, cabe el riesgo de que la crisis de confianza exterior continúe intensificándose y que no haya voluntad de viajar desde países emisores en el corto y medio plazo, con ejemplos como Reino Unido y los bandazos que ha dado su primer ministro en la gestión de la pandemia, desde la intención de adquirir inmunidad de rebaño a pedirles a sus ciudadanos que no viajasen a España, incluso cuando parte de los miembros de su Gobierno se encontraban en el momento de ese anuncio de vacaciones en Canarias.
Ahora todos se pregunta, ¿cómo salvar el turismo en Canarias? Mejor tarde que nunca, la puesta en marcha de los PCR en destino podría ser de utilidad no solo a la llegada de un visitante a nuestro territorio sino también antes de producirse el regreso al país de residencia, ya que esto nos permitiría comunicar resultados a las autoridades extranjeras de manera eficiente, ya sea en vuelo o con unos pocos días de diferencia, al mismo tiempo que ofrecer una imagen de socio comercial de fiar frente a otros países, complementando otras medidas suscritas hasta el momento por parte de la Comunidad Autónoma como una póliza de seguro que cubra la cuarentena en las islas.
En definitiva, las autoridades públicas deben enfocarse a minorar los riesgos hasta que llegue una vacuna que tenga capacidad para que realmente en un periodo de tiempo aceptable se generen los niveles de inmunidad necesarios que permitan que la gravedad de enfermedad comience a debilitarse, reduciendo el impacto de la carga viral que se pueda recibir, algo esencial para patologías desarrolladas con la edad. Y algo esencial también para ser y transmitir la imagen de destino seguro.