El pasado 30 de mayo, coincidiendo con la celebración del día de Canarias, - un elemento simbólico más incorporado a la escena -, se firmó el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias cuya razón de ser es paliar los impactos derivados la pandemia del Covid-19 en las Islas. Como sucede en cualquier acuerdo entre diferentes actores realizado sobre el papel que implica exclusivamente una declaración de intenciones, el contenido práctico debe desarrollarse necesariamente a través de un Plan que no ha sido presentado por el Ejecutivo hasta hace unas pocas semanas, a fecha 1 de octubre.
El Ejecutivo regional habría indicado a mediados de verano que hasta dicho momento contaban con un esbozo del Plan, pero que hasta septiembre no dispondrían del borrador final que, para su aprobación por parte del Ejecutivo, debe ser elevado primero al Consejo de Gobierno y debatido previamente en el parlamento autonómico. De hecho, se prevé que el Plan se apruebe si no a finales de este mes, a principios de noviembre, con la intención por parte del Gobierno de que todos los grupos se sumen al consenso, bajo el claim ‘’que nadie se quede atrás’’.
Este anuncio se realizó públicamente tras la reunión el día 13 de julio de la mesa de seguimiento que tuvo lugar en la sede de Presidencia de Las Palmas y en la que participaron representantes autonómicos, Fecai, Fecam, Patronal, Sindicatos, Colegios profesionales, Cámaras de Comercio y el Tercer Sector. Al término de los meses de verano, concretamente el 4 de septiembre, se realizó un nuevo anuncio especificando ya que el borrador final estaría listo en las siguientes dos semanas, antes del 20 de septiembre, en un encuentro hasta el que todavía no había quedado definida ni la arquitectura ni las directrices para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Plan. Habiéndose demorado finalmente una semana más, hasta el pasado 1 de octubre, por primera vez desde el 30 de mayo el Ejecutivo hizo referencia a un modelo de gobernanza y rendición de cuentas de estos compromisos.
También durante los encuentros que han tenido lugar desde la formalización del Pacto en mayo, el Gobierno de Canarias ha incidido repetidas veces en la idea del consenso general y apoyo de los firmantes, pero lo cierto es que la llamada fase A de un Plan cuya aprobación todavía está siendo debatida concluiría en apenas 2 meses, implicando un escaso margen temporal para maniobrar. Hasta el mes de septiembre, además, las previsiones presupuestarias del Pacto que estaban disponibles en el documento presentado en mayo se referían únicamente a este año 2020.
Antes de septiembre, la última reunión de la que tuvimos constancia tuvo lugar el 6 de agosto, con motivo, en palabras del Ejecutivo, ‘’de la realización de un balance de las medidas del Plan aplicadas en la fase A’’, algo técnicamente incorrecto ya que en ese momento solo existía un Pacto y en ningún caso un Plan plenamente operativo. Las medidas que el Gobierno señala llevan aplicándose desde el inicio del estado de alarma para el refuerzo de la sanidad pública y la atención a colectivos vulnerable si bien merecen su propio análisis y valoración y sin que se niegue su existencia, no pueden considerarse, sin embargo, como medidas del Plan Reactiva Canarias, ya que este Plan ni siquiera está aprobado todavía.
Así, durante los dos encuentros de verano se afirmó que el Plan contemplaba 914 de millones en actuaciones concretas para el ejercicio del 2020, con partidas que podrían superar los 400 millones para este mismo año, en la llamada fase A del Plan en la que estaríamos actualmente. La fase B se iniciaría en 2021, mientras que el Plan tendría vigencia hasta 2023 con el fin de la presente legislatura. Finalmente la ficha financiera del Plan hasta 2023, según la web del Gobierno de Canarias, ascendería a 5.740 millones. De esta, 1.440 millones corresponderían a lo que resta de 2020, una aportación ya garantizada, calculando una suma que alcanza los 18.551 millones respecto a la aportación global de esfuerzos públicos y privadas durante este año. Estas cifras, sobre todo al no tener acceso al borrador, pueden causar cierta confusión, ya que parecen estar considerándose en el cómputo del presente ejercicio medidas aplicadas durante el estado de alarma, pero previas al Pacto y al Plan.
Más aún, desde el Ejecutivo se ha considerado que estas dos reuniones contribuyeron a generar más certidumbre económica en un contexto en el que, tras un verano con un nivel de ocupación extraordinariamente bajo en el sector turístico y una segunda ola que esta vez afetó con más virulencia al archipiélago amenazando nuestra temporada alta, los principales mercados emisores comenzaron a equiparar la situación de Canarias, considerado hasta hace poco como un destino seguro, a la del resto del territorio peninsular (Alemania nos colocó en su lista negra en el mes de septiembre) aunque nuestras cifras de afectados e incidencia total acumulada siga situándose por debajo de la media. En el clima descrito, además, cabe recordar que tenemos un gran volumen de población en ERTE ante en futuro incierto en el que estos podrían derivar en ERES a partir del 31 de enero, con un desplome del PIB canario sin precedentes. El Gobierno de Canarias, no obstante, ha reconocido a fecha 1 de octubre que el 2021 será un año muy duro.
Detengámonos pues, un momento a analizar las anteriores expresiones que reivindicaban la operatividad de un Plan que aún no existía, y que como vemos resultan erróneas en su literalidad y por tanto desafortunadas. Referirnos a ’’actuaciones concretas’’ antes del 4 de septiembre no sería del todo correcto, ya que en esos momento no se había elaborado todavía el borrador final del Plan en el que un conjunto de medidas concretas estuviesen asociadas cada una a su propia ficha financiera. Tampoco lo era, ni siquiera, expresar que existía un Plan o que se estaba aplicando dicho Plan. En el documento del Pacto de mayo, de hecho, no se enunciaban medidas concretas sino prioridades estratégicas y medidas generales que más bien correspondían a objetivos, así como los posibles instrumentos en los que se apoyaría el Plan en su diseño.
Por otra parte, cabe preguntarse, ¿cómo podemos todavía seguir hablando de fase A de un Plan que aún se encuentra en proceso de debate y aprobación en el Parlamento? ¿Cómo podemos hablar entonces de balance de medidas durante la fase A como si estuviésemos en una última fase de evaluación de resultados? ¿Cómo podemos decir que desde el 14 de marzo están aplicándose las medidas de la fase A del Plan cuando ni siquiera hasta el 30 de mayo había un Pacto firmado? En todo caso, resulta inquietante que a 6 de agosto se produjese la siguiente contradicción, por una parte anunciándose que se disponía ya de fichas financieras asociadas a líneas estratégicas del Plan (algo que no era cierto), y por otra, que hasta principios de octubre no dispondríamos, como ha sucedido finalmente, del borrador final del Plan.
Respecto al retraso en la aprobación del Plan, - puesto que desde el Pacto al borrador final han transcurrido casi 5 meses- , este se ha justificado en algunas ocasiones en la necesidad de esperar al acuerdo de Bruselas, aún cuando desde el 21 de julio se anunció el acuerdo para el Plan de reconstrucción europeo 2021/2023 que señalaba una inyección económica para España de 140.000 millones de euros junto con transferencias directas. También cabría considerar la posibilidad (no sin importantes restricciones) del uso de superávit y remanentes de tesorería para Ayuntamientos y Cabildos al haberse eliminado no exento de controversia, la regla de gasto por parte del Gobierno central.
Teniendo en cuenta que cifra la global para 2020 que se aporta en el cuadro presupuestario del Pacto resultaba de la suma de aportaciones previstas a partir de diferentes vías que contemplan desde el presupuesto de ingresos de la Comunidad y fondos estatales y locales hasta la financiación privada, también tendríamos que analizar aquello que promete Madrid y que no llega a realizar ante la ausencia de compromisos formales. A esto se suma la dificultad para llegar a acuerdos o el entorpecimiento del proceso de negociación como consecuencia de tácticas diferentes entre los socios de Gobierno en cuanto a política fiscal, al endeudamiento de gastos sociales derivado de la pandemia y la pérdida de capacidad de liquidez. Este es un escenario complejo en el que habría que estudiar si el Estado puede garantizar la viabilidad de financiación a las Comunidades Autónomas con sus inversiones.
Cabe preguntarnos, entonces, si se ha llegado a algún acuerdo en el Estado para ver cuántos recursos reales irán destinados específicamente a Canarias y con qué finalidad, si se tendrá en cuenta nuestra ultraperificidad respecto a Europa y la necesidad de aplicación del Régimen Económico y Fiscal (REF) respecto a las partidas directas que Canarias podría recibir para financiar proyectos en los sectores de más peso para nuestra economía. Mientras tanto, la complicada aprobación de los PGE es clave para contar con una hoja de ruta clara para el periodo 2021-2023, también necesarios para el cumplimiento del REF.
Atendiendo a criterios de transparencia, debemos conocer que si una autoridad hace públicamente una afirmación en la que dice tener desarrollado un determinado documento, un ciudadano podría solicitar la consulta de dicho documento, pese a que este proceso puede tardar meses, teniendo en cuenta también que existe la posibilidad de desestimar una pretensión por considerarse contraria al interés público o por contener datos de carácter personal, algo que no parecerían aplicarse a este caso en concreto.
Por tanto, pese a que se ha apostado por una mayor cultura de la transparencia en los últimos años en España tras la presión de una opinión pública más crítica con determinadas prácticas, lo cierto es que el ciudadano puede encontrarse en una situación general de indefensión frente a la Administración al no aliviarse la carga burocrática por falta de voluntad política, dependiendo sobre todo para documentarse de la información disponible en fuentes abiertas, de ahí la dificultad en contrastar e interpretar anuncios, promesas, afirmaciones e incluso datos más allá de las cifras que se muestran y las palabras con las que se dicen.
A todo esto, el único documento al que tenemos acceso en la web del Gobierno autonómico es el Pacto, un documento de 35 páginas dividido en tres bloques con la declaración institucional, la justificación de la necesidad de medida y resumen de la situación actual, el enunciado de prioridades estratégicas concretadas en 7 definiciones excesivamente ambiguas y la determinación de los posibles instrumentos para su desarrollo.
Por último, encontramos una previsión presupuestaria a modo de Anexo que durante estos meses no ha constituido una ficha financiera, tal y como indica el propio texto del documento a continuación: ’’Estamos ante una estimación económica que facilita la comprensión del impacto que los diferentes compromisos supondrían en términos monetarios. Las fichas financieras se definirán y concretarán en el Plan que desarrolle el presente Pacto’’. El borrador final del Plan, sin embargo, aunque anunciado desde el 1 de octubre no se encuentra accesible al público, ya que todavía no se ha producido su aprobación definitiva, por lo que por ahora es imposible comparar el contenido de ambos.
Con todo esto, resulta atrevido valorar como un éxito el método de trabajo en este caso, por los retrasos que se produjeron para la presentación del borrador final sin necesariamente una explicación satisfactoria o que pueda justificarlo. Este tipo de planes son muy necesarios e idealmente deberían aglutinar a todas las formaciones políticas representadas en el parlamento de Canarias, teniendo en cuenta que España es uno de los países más castigados en Europa por la pandemia en términos humanos y económicos y que esta Comunidad sufre especialmente las consecuencias en una economía ya de por sí frágil, dependiente y con algunas actividades precarias. La ciudadanía necesita observar responsabilidad política y altura de miras, por lo que no podemos ignorar que, de no aplicarse con éxito, podría generarse un problema en torno a las expectativas que además resultaría contraproducente para los propios intereses los poderes públicos.
Mientras que se trata de transmitir seguridad a corto y medio plazo, por otra parte se matiza que el cumplimiento de las medidas del Plan dependerá de los PGE y de los avances que se produzcan en Europa. Entonces, ¿no sería más lógico marcar prioridades y acciones realizables en un horizonte delimitado en vez de una batería de acciones que solo podrían cumplirse a medias y sin poder ninguna de ellas cumplirse en su totalidad?
En conclusión, octubre se termina y seguimos esperando por la aprobación definitiva del Plan Reactiva Canarias. No debemos perder de vista, en todo caso, que la obligación de presentación del borrador del Plan recae en las Consejerías competentes y en sus técnicos que son los que en estos casos tienen la obligación de presentar un documento que sea operativo y ahora también en el Consejo de Gobierno y en el Parlamento, quienes deberán pronunciarse en noviembre, esperemos que sea más pronto que tarde.