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Crisis migratoria en Canarias. Entre el tacticismo y el abandono



La presión migratoria hacia Canarias continúa en aumento desde el inicio de la pandemia del Covid-19 el pasado mes de marzo, aunque cabe reseñar que desde finales de 2019, cuando algunas voces comenzaban a hablar de reactivación de la ruta, el futuro próximo se dibujaba ya con preocupación. Un análisis equilibrado de un fenómeno como este, de causalidad múltiple, así como de la presente situación, requiere principalmente de un conocimiento previo sobre la realidad de los migrantes, - procedencia y problemáticas en origen vinculadas a la decisión de migrar - y sobre los antecedentes y líneas de cooperación mantenidas con países cercanos o fronterizos con los que España ha suscrito Convenios en la materia, como Marruecos, Mauritania y Senegal.


Mientras que los procesos migratorios son inherentes a la vida humana y obedecen desde a necesidades históricas y geográficas hasta otras de carácter social, político o económico, hoy en día un proceso tan natural como el de desplazarse de un lugar a otro en busca de un futuro mejor está sujeto a restricciones burocráticas y legales, pudiendo solo lograrse en unas determinadas condiciones de seguridad al disponer de un visado o documentación oficial prevista a tales fines.


En base a criterios de Seguridad Nacional, llevar un control preciso y coordinado sobre las personas que entran y salen de un país resulta no solo comprensible sino necesario en el actual sistema internacional, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, a todos los efectos interconectado e interdependiente. No obstante, algo que sí ha puesto de relieve la experiencia es que en este ámbito las políticas y medidas represivas no son del todo eficaces para frenar los flujos migratorios, mucho menos aplicadas de forma exclusiva, sino que los desvían temporalmente y en la mayoría de ocasiones, incluso hacia vías de acceso más inseguras.


Las primeras pateras en llegar a la costa peninsular y canaria datan del año 1988 y 1994 respectivamente. Desde entonces y tras más de tres décadas de gestión, al igual que en el resto de Europa, la inmigración irregular ha planteado retos de compleja resolución para los Estados miembros, justificando así la segurización de fronteras como método sistemático para frenar la entrada de migrantes. También se ha convertido, por un lado, en una forma de hacer política en ambos extremos del espectro ideológico y por otro, en una zona gris en la cual pueden llegar a vulnerarse derechos humanos y fundamentales.


Canarias ha recibido tradicionalmente un mayor volumen de migrantes procedentes del África Subsahariana y en menor medida, aunque también relevante en el cómputo, del Magreb, regiones en las que una gran parte de la población sufre de forma directa el empeoramiento de la situación económica y de las condiciones de vida o la falta de oportunidades, problemas generalizados prácticamente en toda África pero acentuados en determinados periodos, como en la crisis de los cayucos del 2006. Con esto, el Sahel se muestra, además, como un enorme coladero para organizaciones yihadistas cuya violencia ha aumentado exponencialmente en el último año, un terreno fértil para la corrupción institucional, la proliferación del crimen organizado y de los señores de la guerra pero azotado paradójicamente por los efectos del cambio climático en su sistema productivo y por múltiples conflictos locales y regionales mantenidos en el tiempo.


Echando la vista atrás, la crisis de los cayucos del 2006 sentó unas bases importantes en la cooperación con países vecinos con los que también desde la UE y España se mantienen relaciones comerciales y partidas de cooperación para el desarrollo, como en el caso de Marruecos y Mauritania. Mientras que con Mauritania existe desde hace muchos años un Acuerdo especial para la devolución de migrantes salidos de sus costas, sin necesidad de que apliquen criterios de nacionalidad, España ha venido desarrollando una reseñable labor de estabilización. Con Mali, por su parte, que ha sufrido el pasado verano un golpe de Estado, existe un interés particular mirando hacia el Sahel en la cooperación para el desarrollo y la formación militar y en materia de seguridad con activos del Ejército español desplegados sobre el terreno. Las amenazas provenientes del Sahel se retroalimentan así del crecimiento demográfico en un ambiente conflictivo, insostenible según previsiones en el horizonte 2030-2040, generando en consecuencia perspectivas pesimistas en cuanto a crecimiento económico, mientras que las derivadas de la pandemia del Covid-19 en el continente habrían agudizado también estos condicionamientos previos.


La desviación hacia rutas más peligrosas y clandestinas, explotadas por mafias dedicadas a la trata de personas que además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes fijan precios desorbitados por trayecto, tiene su reflejo en el número conocido de fallecidos. En este caso, por ejemplo, la ruta canaria se ha convertido en una de las más mortíferas, con estadísticas como esta, ofrecida por la Organización Internacional para las Migraciones, que establece que 1 de cada 16 personas fallecen intentando alcanzar el archipiélago y con un saldo total de total de muertos que se estima pueda ser incluso superior.


Existen distintos mecanismos de contención en origen como la acción exterior y la inteligencia contra el crimen organizado, así como la cooperación policial, mientras que en destino es esencial el funcionamiento correcto del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y del FRONTEX, algo que no siempre ocurre. Como se ya se ha apuntado, la migración irregular es un fenómeno complejo cuya gestión requiere ir más allá de políticas represivas, un enfoque disuasorio en coherencia con la legalidad que considerando el respeto a los derechos humanos pivote también alrededor de una acción explícita contra la raíz del problema en origen. En este sentido, observamos que en el 2019 España destinó 30 millones de euros a Marruecos en un esfuerzo por frenar la inmigración irregular, a lo que siguió un mayor control fronterizo en la costa norte del país árabe y entre este y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.


Como resultado, la ruta del Atlántico creció, según datos acumulados provisionales del Ministerio del Interior, un 523,5% entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior. En lo que va de año, aproximadamente 6.081 personas han llegado desde África a Canarias ascendiendo a 5.106 más que en 2019, también con un aumento del número de embarcaciones en 156, lo que se traduciría porcentualmente en un 226,1%. Estos datos oscilan desde el 523,5% que señala el Ministerio, seis veces más respecto al 2019, hasta un 700% al que se ha referido recientemente la Comisaria Europea del Interior, calificándolo de insostenible tras un encuentro en Mauritania en el que participó junto con el Ministro Marlaska, y entre cuyos objetivos se situaba la reactivación de las deportaciones, paralizadas con el inicio de la pandemia.


Llegados a octubre y viendo que la crisis migratoria ocupa titulares diaria y semanalmente también en la prensa nacional, cabe valorar el papel real del Estado en la gestión, entre el tacticismo y el abandono, así como la respuesta de las Administraciones Canarias hasta la fecha. Partiendo de que esta es una competencia exclusiva del Estado (art. 149 CE) resulta como poco desconcertante que el Ministro Escrivá no haya viajado todavía hasta las Islas para conocer la situación in situ, sobre todo teniendo en cuenta que la Secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha asegurado que esta cuestión, -que en este momento solo afecta a Canarias y no a otras Comunidades en península-, es ahora mismo supuestamente una prioridad para este.


El malestar palpable por el plantón del Ministro (faltar a un compromiso fijado en el calendario y posponer fechas constituye a todos los efectos una cancelación) entre el Estado central y el gobierno autonómico, nos lleva necesariamente a cuestionar la buena coordinación entre Administraciones a la que aluden desde la Secretaría de Estado, una coordinación inexistente en la práctico, desconcertante sobre todo al pertenecer ambos al mismo partido.


Hace cuatro semanas se celebró el Foro Canario de Inmigración, que más allá de su denominación consistió en una reunión organizada por el ejecutivo regional y en la que Jalloul realizó varias afirmaciones, entre ellas que la actuación del Ministerio responde, según su visión y la del Delegado del Gobierno, a un plan de choque y no a actuaciones improvisadas. La posición del Gobierno canario, -si bien demanda soluciones al Estado pero tampoco sabemos en qué consistió el pasado verano el encuentro entre Sánchez y el Presidente canario en Lanzarote, y si hablaron o no de inmigración-, no parece coincidir lógicamente con el análisis de Jalloul, ya que los espacios que se han habilitado han respondido precisamente a la improvisación, ante la inacción gubernamental, sin cumplir los estándares mínimos de habitabilidad. Sí sabemos, en cambio, que en el verano de 2019 el Presidente Sánchez decidió no reunirse con el anterior Presidente canario en dicha isla, también en el marco de sus vacaciones, por lo que no se discutió sobre esta problemática ni se visitó personalmente las instalaciones por aquel entonces.


Jalloul también presenta ahora como un éxito el incremento de plazas de acogida de emergencia que no existían en octubre de 2019, recursos como carpas, naves industriales, hoteles, terrenos de lucha canaria y polideportivos (estos últimos desalojados con el inicio del curso escolar) que realmente han provisto Ayuntamientos y Cabildos sin tener oficialmente competencia para ello. Ejemplos de esto han sido la ‘’nave de la verguenza’’ y todavía las carpas en las explanadas de los muelles de Arguineguín y Arinaga con condiciones indignas, mientras que la desde la Secretaría de Estado realizan un ejercicio de cinismo añadiendo que el problema de Arguineguín también lo están sufriendo ellos. Expresándolo con propiedad, si el Estado afirma que ha creado 700 nuevas plazas en las últimas dos semanas, tal y como ha dicho Jalloul, para miles de migrantes en la actualidad e independientemente de que el número pueda ser insuficiente, dichas plazas deberían descansar en infraestructuras y medios estatales.


En caso contrario, como efectivamente sucede, la creación de las plazas no es atribuible al Ministerio, sino a las Administraciones locales canarias que son las que han prestado las instalaciones. Ello, aunque las competencias de la Vicenconsejería de acción exterior y de la Dirección general de migraciones del Gobierno de Canarias sean escasas y no contemplen visitas a África para gestionar estos asuntos. En resumen, la Secretaria de Estado afirma en algunas informaciones periodísticas que contamos con 1.700 plazas de acogida, en otras que estas ascienden a 2.000, mientras que en 2019 no había más de 100 plazas en las Islas. Cabe preguntarse, entonces, cómo es posible que con un saldo de 975 migrantes ese año, pueda presentarse el dato de 100 camas como un éxito, al no haber cubierto la capacidad asistencial apenas un 10% de la demanda de camas.


Mientras que Canarias se convierte en un embudo o lugar de paso por el que muchos migrantes tienen la intención de transitar hacia otros países europeos como Francia o Alemania, la crisis del Covid-19 también ha implicado la paralización de los traslados a la península, algo que ahora se reclama desde el ejecutivo regional, al igual que poder disponer de espacios de titularidad pública que no están siendo ocupados en este momento. Respecto a esto último, existen instalaciones del Ministerio de Defensa en las Islas como cuarteles vacíos o infrautilizados que Defensa considera que no reúnen las condiciones para alojar a migrantes en las circunstancias actuales, aunque hay que tener en cuenta que a todos los migrantes se les practica un test PCR a su llegada y que en las condiciones que han tenido hasta ahora sí se ha producido hacinamiento.


Por otra parte, los CIE han permanecido cerrados desde el Estado de alarma y no ha sido hasta el pasado mes de septiembre cuando el Estado habló de reabrir dos de ellos, sin aclarar nada respecto a la reactivación de los traslados a península y repatriaciones más allá de que se concretará en las próximas fechas. Resulta inexplicable cómo en una situación de desbordamiento de las organizaciones que están atendiendo a los migrantes en primera línea, los CIE, ahora que se necesitan, hayan permanecido cerrados cuando hace unos pocos años con cargo al contrato del CIE de Fuerteventura, este protagonizara sesiones en el Senado al salir a la luz irregularidades en su gestión mientras no había actividad en dicho centro desde el 2012. Se demostró la carga de gastos por alimentación por el que el Gobierno pagó 647.624 junto con otros conceptos que elevarían el gasto a 4,1 millones desde el anterior Gobierno popular hasta el socialista, ordenándose posteriormente la supresión del centro hasta la fecha.


Sea como sea, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 25 de junio, en base a dos Directivas europeas, recuerda que el inmigrante internado en un CIE ha cometido una falta administrativa y prohibe recluir en estos (ya que funciona como paso previo a la deportación) en régimen de privación de libertad, a migrantes cuya solicitud de asilo sea admitida para su valoración, como por ejemplo migrantes malienses. Por tanto, estas instalaciones podrían contar con áreas en régimen abierto o disponerse nuevas plazas de acogida humanitaria en otras localizaciones, asegurando una mejora de las condiciones, mientras que la falta de disponibilidad de las mismas no sería en ningún caso motivo suficiente para retener o expulsar al solicitante de protección internacional.


Es cierto que el ritmo de las llegadas y las cifras no alcanzan aquellas de la crisis los cayucos del 2006, pero la respuesta del Estado en aquellos momentos fue mucho más contundente en cuanto a implicación en la provisión de medios, aprovechándose también la logística del Ejército en el archipiélago. No obstante, la crisis migratoria actual coincide con un escenario delicado en el que el desbordamiento encuentra también una explicación en la crisis social que estamos viviendo y en la que los Ayuntamientos no tienen demasiados recursos.


Paralelamente, la Secretaria de Estado de Migraciones ha afirmado que nunca hasta ahora se había realizado un despliegue de medios como el actual, algo que no solo es falso al haberse perdido infraestructuras sino que al hacer referencia a la apertura de centros propios de acogida, -que no fue anunciada hasta mediados de septiembre-, sitúa el anuncio por encima de la realidad ya que la tramitación para su puesta en marcha requiere de meses. Mientras, y aunque desde los poderes públicos se está contribuyendo a la percepción equivocada en cuanto a los tiempos, la dotación del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes en los PGE dependerá de que se articule una mayoría suficiente para la aprobación de los presupuestos.


Especialmente preocupante resulta que la línea argumental de la Secretaria de Estado choque con la realidad del SIVE (el ejecutivo regional pide aumentar los fondos para su mejora), puesto que los medios de detección no están funcionando adecuadamente, con unidades inoperativas y otras con problemas de mantenimiento. Parece evidente que un sistema de control fronterizo tiene problemas cuando las embarcaciones están detectándose en las playas, habiendo pasado una malla de vigilancia electrónica. Además, hace una semana varios medios de comunicación difundieron una grabación entre trabajadores de Salvamento Marítimo y las autoridades de las que dependen, una Patrullera de la Guardia Civil, que mostraba la confusión y el caos característico ante la ausencia de coordinación estatal y de las deficiencias del Centro de Coordinación Regional de Canarias, creado precisamente en 2006.


A todo esto, si bien la sociedad canaria como sociedad de acogida es conocida por sus valores de tolerancia, respeto y hospitalidad, y muchas Instituciones públicas como algunos Ayuntamientos y el Cabildo de Gran Canaria, -que posee una Consejería específica sobre cooperación internacional para el desarrollo-, se posicionaban como abanderados de la defensa de los derechos humanos, han entrado últimamente en cierta espiral de insolidaridad. En un un clima de desinformación sin precedentes, populismo y polarización, muchos bulos que circulan de forma ilimitada en la red son responsables de fomentar el racismo, la xenofobia y la aporofobia, que han arreciado junto con el aumento de llegadas irregulares por vía marítima a las islas.


Ya en noviembre del pasado año la sede de Cáritas, que participó en la atención humanitaria a migrantes debido a la saturación de los centros de acogida, fue objeto de pintadas racistas y xenófobas. La crisis del Covid-19 y el miedo al contagio también han suscitado reacciones en esta misma línea como la de algunos vecinos del municipio de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, imposibilitando el paso a los furgones del Cuerpo Nacional de Policía que trasladaban a migrantes a un polideportivo de la localidad que debían guardar cuarentena y que por tanto, ni siquiera podrían abandonar el recinto. Hace unas semanas también se produjo una agresión a un centro en el que se encuentran acogidos menores de edad que han migrado solos.


También el bulo ya desmentido sobre un grupo de inmigrantes de lo que se decía habían estado bañándose en las instalaciones de un hotel, no solo se inscribe en la lógica de ciertos intereses políticos y electoralistas sino que impacta negativamente en la imagen de Canarias como destino turístico. La decisión de utilizar complejos en zonas como Maspalomas en el sur de Gran Canaria apoyada por el Delegado de Gobierno que apeló a la ayuda de empresarios, ha sido criticada por una parte importante del sector, -ya que existía la posibilidad, quizás más conveniente a efectos de promoción, en un momento en el que se producía un fuerte repunte de contagios en la isla-, de alojar a los migrantes con las mismas condiciones en establecimientos de la ciudad de Las Palmas en donde no se concentra el mayor foco de actividad turística de cara a una temporada alta muy difícil.


En definitiva, para que los mecanismos de vigilancia, disuasión y control funcionen eficazmente es necesario conjugar la acción con la perspectiva humanitaria, la mejora de las condiciones de desarrollo en los países emisores, acuerdos de líneas de crédito y partidas destinadas a la cooperación, programas de formación policial y militar que entrenen a las fuerzas y cuerpos de seguridad africanas en el desarrollo y optimización de sus capacidades operativas. La falta de fluidez en la comunicación entre la inacción de un Gobierno central que muestra pasividad y desinterés y la debilidad un ejecutivo regional en la negociación, repercuten directamente en la realidad de la crisis migratoria en las islas y en una falta de aprovechamiento de las posibilidades de gestionar de forma más eficaz la problemática y necesidades de los migrantes, cuando debieran tratarse de corregir fallos en las operaciones de rescate que precisan de mayores recursos y de un buen sistema de coordinación.


La UE debe posicionar el problema migratorio en su agenda con celeridad, creando una política común de regulación y gestión de flujos migratorios hacia sus fronteras y plan integral que contemple las particularidades de España y otros países del flanco sur europeo. La responsabilidad de acogida, en todo caso, debe ser compartida entre los socios europeos en virtud de Tratados internacionales en materia de entrega y extradición y del derecho de asilo en la legislación no solo nacional sino comunitaria, pudiendo establecerse cuotas de reparto de migrantes. Junto a Salvamento Marítimo, ONGs como CEAR y Cruz Roja, trabajadores sanitarios y voluntarios han realizado una labor continua que ha suplido lagunas en la gestión de la crisis. Esperemos que el Estado se persone pronto.



Laura Méndez y Carolina Collado

Consultoras en LM& Asoc

Consultoría de Inteligencia Corporativa y Asuntos Públicos


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