• LM& Asoc

Seguridad nacional, comunicación y pandemia. ¿Qué ha fallado a nivel estratégico?



(Artículo de opinión)


En un clima de profunda incertidumbre todavía lejos de disiparse, existen evidencias que apuntan a que parte de la gestión de la crisis de la COVID-19 se ha desarrollado en una dinámica de improvisación. La ausencia con anterioridad a marzo de un Plan estratégico nacional en esta materia, -con sus propios ejes técnicos y programas específicos-, se hizo palpable en decisiones que se implementaron por primera vez en el contexto de una segunda ola, un tacticismo torpe y generalizado en torno a la contención de la enfermedad extensible a los demás países europeos y al resto del mundo.


En España, desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) se han generado documentos estratégicos, valiosos si se aplican correctamente, como las Estrategias de Seguridad Nacional (ESN) que realizando un diagnóstico preciso marcan directrices en la lucha contra amenazas para la integridad del Estado y la convivencia. La ESN-2017 incorporó en este espectro a pandemias y epidemias sin que posteriormente se haya producido mayor concreción legislativa o institucional, -pese a que la misma llamaba a adoptar planes de preparación y respuesta ante riesgos sanitarios para ofrecer soluciones operativas bajo el principio de coordinación entre la AGE, autonomías y organismos internacionales-, emitiéndose distintos avisos desde enero y febrero.


En este sentido y mientras que China avisó a la comunidad internacional a finales del pasado año, fue durante la primera quincena de febrero cuando la UE emitió su primera alerta a los países miembros a través del Sistema Europeo de Alerta Precoz (EWRS). Además, la ESN-2017 se habría desvinculado de la tendencia a clasificar a epidemias y pandemias en una dimensión exclusiva de emergencias y catástrofes, pasando a establecer desde entonces unas líneas de acción claras. Ante situaciones como esta, una de ellas habría sido la necesaria adaptación de los servicios de salud pública del Estado y CCAA para lograr una respuesta operativa satisfactoria.


Sin embargo, los primeros meses de esta crisis vinieron definidos por la falta de preparación en centros sanitarios, fallos en la preparación y capacitación de personal, así como imprevisión en la provisión de reservas adecuadas de medicamentos y equipos de protección como las mascarillas, sin stock en farmacias y comercios durante gran parte del confinamiento, a los que debían tener acceso también la ciudadanía. A todo esto, el impulso a la coordinación internacional habría sido débil, al no contar con Reservas de inteligencia formalizadas ni siquiera a nivel Europeo para el intercambio de información y conocimiento sobre gestión y tratamiento de nuevas enfermedades.


La ESN-2017 habría expresado igualmente la conveniencia de mejorar capacidades y mecanismos de acción en áreas como ‘’análisis, planes, capacidades, establecimiento sanitarios, coordinación institucional, y gestión y comunicación’’. De entre todas estas, resulta preocupante que hayan prevalecido las políticas de comunicación. Con una intensa cobertura informativa a través de ruedas de prensa, esta demostración formal de transparencia centrada en la imagen pública contrasta hoy con la polémica que tuvo lugar en torno al Comité Técnico de la desescalada que muchos han confundido con el Comité Científico Técnico constituido en marzo, del que tenemos constancia que sí existió.


Respecto al Comité Técnico de la desescalada, el cual dependía supuestamente de Sanidad y decidía el cambio de fase de cada provincia (distinto al Comité de marzo), su existencia habría terminado por negarse ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al recibir una denuncia por incumplimiento en publicidad activa por parte de una empresa de comunicación, un ejercicio de responsabilidad alejado de la estrategia de desgaste de otros teniendo en cuenta además que sus principales miembros se significan con la izquierda. Por si fuera poco, se generó una lógica confusión en torno a este y otro grupo de expertos de los que sí se conocen sus integrantes y que diseñaron el plan para la desescalada (Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad), en este caso dependiendo sin saberse muy bien por qué, del Ministerio de Transición Ecológica.


Tampoco la conformación de siete comités en total, -de los que en la mayoría de casos desconocemos el listado completo de miembros ni los informes que estos han realizado-, habría seguido las recomendaciones de los documentos estratégicos del DSN. Este acceso discrecional a la información pública que se habría producido y que viene produciéndose en general en España independientemente del signo político, -en este caso negándosele el acceso también a medios de comunicación-, habría contribuido a aumentar la desinformación entre usuarios en redes sociales, alimentando sobre todo a una extrema derecha caad vez más incendiaria, un problema que se ha ido agudizando con la pandemia. Estos errores en la comunicación institucional son especialmente sangrantes para cualquier autoridad ya que en la gestión de crisis, para transmitir solvencia es esencial ser capaces de enviar un mensaje claro y unificado, evitando entrar en contradicciones.


En todo caso, los recursos del Estado no deben estar desconectados de una estrategia integral de salud pública, siendo lo ideal que las medidas que implementan no revistan un carácter aislado sino estén coordinadas por el Sistema de Seguridad Nacional (SSN). La crisis del ébola ya escenificó la desconexión entre el (SSN), - integrado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y Comités especializados, sin haberse abordado en estos ningún área relacionada con salud pública - y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y el Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). Esta falta de convergencia entre estas estructuras, -las sanitarias y la securitaria-, supone una oportunidad desaprovechada en términos de utilidad para el interés general, habiéndose subestimado la transversalidad de las amenazas biológicas, las cuales pueden llegar a ejercer un gran impacto en todos sectores productivos para el correcto funcionamiento de un país.


Mientras que Defensa e Interior han venido actuando conforme a lecciones aprendidas dotando de recursos preventivos a las FFCCSE, -también en base a la experiencia y existencia previa de otros coronavirus y el auge de enfermedades emergentes-, podríamos desechar teorías que presentan a la COVID-19 como un fenómeno equiparable a un ‘’cisne negro’’. En todo caso, cuesta entender por qué no se declaró oficialmente al virus como como Situación de Interés para la Seguridad Nacional en virtud de la Ley 36/2015 y no se empleó esta como instrumento anterior, complementario al necesario estado de alarma y fases de desescalada, tanto como gesto simbólico como en vistas a lograr una transición menos brusca.


En una mecánica de acción que privilegia lo reactivo frente a lo preventivo, la falta de conciencia de seguridad estaría teniendo su propio reflejo en la dilación en el tiempo del Plan integral de Cultura de Seguridad Nacional que habían planteado las distintas ESN y que se encuentra en proceso de elaboración desde hace unos meses. Con todo esto, parece razonable plantear que entidades como el DSN dependan orgánica y directamente, -sin intermediación delegada-, del máximo decisor político, figura que corresponde al Presidente del Gobierno y en ningún caso a su Jefe de Gabinete. Esta vinculación entre un Presidente y el responsable de una Dirección General, un reputado General como Ballesteros, respondería a un principio básico en la dirección de Inteligencia, mientras que lo contrario constituiría una clara anomalía y un problema de depreciación de la democracia.


Ante la ausencia de contrapesos, el Jefe del Gabinete de la Presidencia concentra un poder sin precedentes en Moncloa. El asesor ejerce actualmente como secretario en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), una posición que junto con otras que ostenta, implica disfrutar de un peso significativo en el proceso de toma de decisiones. Frente a un CSN encargado sobre el papel de supervisar y coordinar al Sistema de Seguridad Nacional (SSN), -pero sin condición de autoridad competente legal en la coordinación de Ministerios clave durante el estado de alarma-, las políticas de comunicación se habrían impuesto en exceso, confundiéndose en una materia tan delicada como la Seguridad Nacional, la democratización de la información con la propaganda.


Laura Méndez

Consultora en LM& Asoc


#ComunicaciónPolítica #ComunicaciónEstratégica #ComunicaciónInstitucional #Política #SeguridadNacional #Comunicación #SaludPública #COVID19

31 vistas0 comentarios